La educación pública se rige por criterios de financiación equivocados que deterioran la formación
Dice un proverbio inglés que el dinero es buen servidor pero mal patrón. Confundir una herramienta con el fin arruina individuos (avaricia), familias (políticas matrimoniales), instituciones (financiación perversa) y países (excesivos impuestos). En la universidad pública (UP), todavía más, porque el sueldo está garantizado, un privilegio incomprensible para tres millones de españoles, que solo para empleos vinculados a la separación de poderes tendría justificación. Nada es gratis, lo que se derrocha lo paga otro. La UP no es un bien esencial, pero que aprovechan muchas familias engañadas porque creen que les conviene. Subvencionada al 80%, pagan una formación anti-liberal y socializante. La formación UP no es necesaria para vivir, el exceso de titulados deteriora sus salarios, y es un servicio que puede prestar la sociedad privada sin soportar con impuestos (deuda) el descomunal coste de financiar cientos de miles de funcionarios y carísimas instituciones. La UP hace dos décadas que no forma élites, el nivel de exigencia ha bajado alarmantemente y no hay interacción con el mundo empresarial. Los criterios académicos de “calidad” de los masters y doctorado, van en dirección contraria al conocimiento comercializable (innovador). La empresa no valora el master y doctorado porque no sirven. La politizada UP derrocha energías, capacidades y talento de académicos y estudiantes (los votos suplantan a la excelencia y la ética). La ideología cuantitativa utiliza indicadores métricos deteriorando educación e investigación de la UP esclavizadas por rankings que estimulan la producción desechable sin utilidad social (solo sirven para promoción del profesorado). ¿Qué resultados podrían discriminar la financiación inter-universitaria, si hubiese que hacerlo? Desde luego, los rankings basados en las cantidades de publicaciones no lo son, porque las montañas de publicaciones no tienen repercusión ni utilidad social: en su enorme mayoría ni se leen (ni por los propios académicos), mucho menos se aplican a nada. Ese tipo de “resultados” no merece que un español que no usa la universidad pague impuestos para eso, porque no tienen repercusión social fuera de la “Academia”. El negocio de los rankings premia la cantidad, y para asegurarla, se elimina el riesgo, repitiendo ideas, produciendo conocimiento fungible, sin innovación ni comercialización posible. Estimula la cultura del “hacer saber”, un narcisismo decadente y obediente, utilizado para presumir, con el sueldo asegurado y pagado incluso por quienes no usan la UP. Produce efectos indirectos, como subestimar la enseñanza que cuenta marginalmente en la promoción personal y en rankings maleduca a los jóvenes profesores en la tiranía de los rankings. Así las cosas, los resultados posiblemente exhibidos no deben ser las cantidades dudosas, sino, en todo caso, resultados indiscutibles. ¿Cuáles? La verdadera eficiencia se podría evaluar por empleos estables de titulados relacionados con los estudios; número de titulados que emprenden (generando empleos), incluso los estudiantes que emprenden sin haber acabado la titulación. Por supuesto no se deberían contar los empleos públicos que generan más carga de impuestos y deuda. Lo público debe servir a todos, no a una parte. En ningún caso puede ser un indicador el número de titulados, porque baja paulatinamente el nivel de exigencia, para ingresar más, con titulación más fácil. No es ético que, teniendo un paro superior al doble de la media de la UE, que las familias que no envíen a sus hijos a la UP, tengan que financiar a los que si los llevan, incluso las de poder adquisitivo alto. Actualmente el estudiante paga un 20% del coste real, cuando debería pagar al menos 50% del coste real, y los estudiantes “muy excelentes” con pocos recursos, becados, por interés nacional, no por igualitarismo. La actual UP es una guardería adolescente, masificada, porque ni hay empleos (se importa casi todo y se produce poco), los altos impuestos y cotizaciones sociales obstruyen la contratación (un empleado con salario de 1.250 euros le cuesta al empresario 2.100). La cultura socialista/separatista imperante castiga al autónomo y al empresario, aumentando el sector público (desde 1975 la población española ha crecido en 10 millones de personas, uno de cada cuatro empleado público). Los criterios de financiación deberían estimular el riesgo emprendedor, el contacto con la empresa, con prácticas, másteres y doctorados empresariales.