La sostenibilidad de las pensiones no procede de más cotizaciones sociales sino amortizar jubilaciones públicas.
No es la primera vez que hablo de un principio ético de gestión pública, sugerido por lo que fue principio estético para Miguel Ángel, me refiero a “eliminar lo que sobra”. Este pensamiento daría para mucho profundizando en la relación entre verdad, belleza, y bondad, pero volvamos a la gestión pública. No se puede hablar en abstracto, debemos contextualizar, tenemos que tener en cuenta las condiciones iniciales. Somos un país sobre endeudado, nuestra deuda per cápita, es de 32.000€, lo que significa que cada español debe en promedio lo que ganamos en 16 meses de trabajo, nuestra renta per cápita lleva dos décadas congelada en 24.000€.
Entonces, el dinero público debe gastarse en satisfacer las necesidades esenciales. La universidad no es un bien esencial, lo diga Agamenón o su porquero. Por tanto un español que no usa la universidad no tiene porque pagar con sus impuestos el 80% con que está subvencionada la universidad, para 1.250.000 universitarios públicos, que no se emplean. España es líder en la UE en sobre cualificación de los empleados, y en los dos últimos años más de 400.000 españoles emigran, entre ellos titulados en ciencias de la salud porque no se pueden emplear dignamente. La universidad española es una enorme guardería, que oferta todas las titulaciones clásicas, más dobles titulaciones y además solapando la oferta pública en universidades distintas, pegadas una a la otra.
Para más pena, la sobre titulación devalúa el valor del título. Así que, la sobredimensión de universitarios públicos, sobra. ¿Por qué sobra? Esa es otra historia, pero con nuestra deuda no nos lo podemos permitir. Así que, mientras faltan empleados de la construcción, médicos, expertos en ciberseguridad, cocineros, conductores, tenemos licenciados en dobles titulaciones absurdas como “Matemáticas y Obras Públicas” pagadas con dinero público. El derroche educativo emplea miles de administrativos y profesores excedentes, que responden a motivos ideológicos.
El asunto de la sostenibilidad de las pensiones es grave en España (y en Europa) por el envejecimiento poblacional y por el coste electoral que se supone tiene afrontar la verdad de su insostenibilidad. Se descuenta que el español prefiere que lo engañen a que le digan la verdad, y bastante razón tienen al suponerlo. No cabe un tonto más en España. Los gobiernos españoles de todo signo han practicado la estrategia del avestruz respecto a la sostenibilidad de las pensiones, y la gravedad va a aumentar en los próximos diez años con millones de pensionistas con pensiones caras. Una cosa es un gobernante y otra un estadista. El primero, en España, con las leyes de partidos que tenemos, puede ser un ignorante, un matón o un traidor; estadistas que dejan el país mejor que lo encontraron, son bien escasos.
Apenas el presidente A. Suárez, una legislatura de F. González y otra de J.M. Aznar, han estado a la altura de lo que los españoles nos merecemos, con miradas a largo plazo sin endeudarnos excesivamente; el resto, han sido 30 años de gobiernos supervivientes, para no entrar en adjetivos más precisos y malsonantes. El alargamiento de la vida media española, la pronunciada bajada de la natalidad, y el endeudamiento público han agravado la sostenibilidad de las pensiones enormemente, y ningún gobierno tiene agallas de abordar el problema de la sostenibilidad de las pensiones. Parches, patadas a seguir, o dejar el asunto para el que venga después, ha sido la irresponsable conducta de demasiados gobernantes.
Tenemos la desgracia de que los políticos españoles solo se ponen de acuerdo para subirse su sueldo, y soluciones consensuadas como pensiones, política exterior, educación, seguridad nacional, empleo, vivienda, son inimaginables. Si los consensos después de A. Suárez han sido difíciles, llevamos dos décadas desde que Zapatero sacó al PSOE de la socialdemocracia, que los acuerdos son imposibles. Los pactos de Toledo saltaron por los aires y ahora es el Consejo Económico y Social (CES) quien informa sobre el tema, y que está controlado por el Gobierno y Sindicatos, aunque la Patronal y otras organizaciones también participan. A base de subvenciones los Sindicatos hace lo que al gobierno le conviene, convirtiendo lo irremediable en probable y lo cierto en riesgo. Este gobierno no solo cambia a los directores y presidentes de órganos fiscalizadores, sino que cambia hasta los conceptos para engañar.
Así en las cifras de paro, con la entelequia de los fijos discontinuos, camuflando además 207.461 no ocupados en formación, y 356.255 no ocupados con disposición limitada. Así ocultan 564.716 parados. Hasta la UE nos pone un asterisco en las cifras de Eurostat, porque es imposible saber la verdad de lo que ocurre en España. Del INE y el CIS tampoco te puedes fiar, porque han puesto a dirigirlos personas dependientes del gobierno. Todas las instituciones importantes del Estado están ocupadas por el Gobierno Sánchez, y aún dicen que “salvan la democracia”. Solo los tontos les creen.
El gasto en pensiones no para de subir, y lo va a estar haciendo diez años más sostenidamente. Soluciones inmorales como producir nuevas pandemias o provocar guerras no las contemplo, pero no son improbables. La agenda 2030 propone reducir el crecimiento poblacional y en Europa los nativos crecemos mucho menos que otras etnias que nos invaden, ya sea regular o irregularmente. La tergiversación interesada de un informe reciente del Banco de España, atribuyéndole interesadamente la afirmación de que necesitamos millones de inmigrantes para sostener las pensiones es una tontería descomunal, porque los inmigrantes durante muchos años son “perceptores netos” por los sueldos bajos, la escasez de vivienda, la inestabilidad y precariedad laboral.
EL CES advierte de que probablemente el año próximo (es decir, seguro) tendrá que ajustar el sistema de pensiones cuando se aplique el informe sobre su sostenibilidad que ha impuesto la UE cada tres años. En la evaluación que se hará el año que viene habrá que evaluar cual es la proyección del gasto medio hasta 2050 una vez restados los ingresos. La medida cosmética del ministro Escrivá dice que si la estimación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) discrepa de la opinión de la UE, será necesario aplicar un mecanismo corrector en tanto que la estimación del gasto de la UE (15,1% del PIB) y la de ingresos (1% del PIB) superará 12.000 milllones de euros con el PIB actual, que lleva dos décadas sin aumentar.
Las estimaciones de la UE también se quedan cortas, y el último mes el gasto en pensiones en España ya aumentó hasta 12.732 millones. No es solo por el aumento con el IPC, es que con la jubilación de la generación BB vamos a seguir creciendo hasta 4 millones de jubilados más y con pensiones muy altas. Como además estamos endeudados en 1,587 billones, y sigue creciendo nominalmente, no hay margen. El mecanismo corrector del plan Escrivá, es un tiro en el pie, subir las cotizaciones sociales destruye empleo privado y pymes, con lo que se recaudará menos, pero es que además ya tenemos la mayor presión fiscal de la UE. Además los gastos en defensa tienen que aumentar. Nadie elimina lo que sobra, los rectorados podían amortizar miles de administrativos y profesores jubilados, y no lo hacen inventado dobles titulaciones replicadas además por otras universidades públicas, nadie elimina lo que sobra. Los gobiernos socialistas no reducen gastos y los rectores socialistas tampoco. Así, no hay más que aumento de la deuda y congelación del PIB porque no hay aumento de actividad económica privada.
La única solución al problema del sostenimiento de las pensiones y al freno de la deuda pública es la reducción de gasto público, amortizando cientos de miles de jubilaciones de administrativos y profesorado superfluo, justificado por la digitalización, la bajada de la natalidad, y porque el empleo público ha aumentado 16 veces más que la población desde 1978. Se puede frenar el derroche de gasto en ministerios, reducir los más de cien mil millones de subvenciones anuales, y los regalos a países terceros, miles de asesores y coches oficiales, que no nos podemos permitir.
La pensión media de un español que se jubila supone unos 16.500€ anuales, y un empleado publico medio cuando se jubila percibe una media de 33.000€ anuales, esto significa que cada empleado público amortizado cubre dos jubilaciones. Un gobierno responsable, que velara por el interés del país, no de la ideología, debería regular la amortización de jubilaciones para financiar las nuevas pensiones, gradualmente, sin amortizar médicos y empleados en seguridad nacional.
La reducción gradual de empleados públicos (administrativos, profesores, asesores, coches oficiales, cargos) y la reducción de las subvenciones públicas a la mitad, enderezarían España en una década, sin traumas, amortizando jubilaciones, pero no lo harán, necesitamos estadistas no estatalistas , reducir sector público y aumentar el privado sin aumentar impuestos. Gobernantes, rectores y sindicatos son principales responsables del exceso de empleados públicos. El camino está indicado, gastar menos y amortizar jubilaciones, sin endeudarse, eliminando lo que sobra, también en el gobierno de España.