Si se puede.
El estado tiene siempre sector público, en la UE el país que menos proporción del PIB público, es Irlanda con un 21,2% del PIB. El socialismo desea que todo sea público. El Estado debe permitir que la educación llegue a todos, pero no que el Estado tenga que enseñar con empleados públicos, ni mucho menos obligar contenidos. Todo monopolio es detestable, y el de la educación se convierte en adoctrinamiento. En España el monopolio es socialista separatista porque el empleado público obedece y calla. Unos adoctrinan socialismo y otros separatismo. El resultado es el comunismo blando que sufrimos..
Hoy los países no son socialistas o no socialistas, no es una cuestión de condición, sino de grado, ponderado por el porcentaje del PIB que es público, de verdad, no camuflado. Un país con PIB público por encima del 40% del PIB es un país socialista porque la libertad económica está obstruida . Casi toda la UE es muy socialista. Todo español que contribuye a que el sector público no disminuya fomenta el socialismo. Incluyan los rectores, profesorado, PAS, sindicatos. En las empresas públicas pasa lo mismo. Muchos no votan socialista, pero fomentan y practican el socialismo , porque no hacen nada para eliminar lo que sobra. Con el sueldo seguro y obedeciendo al jefe próximo, piensan que son buenos funcionarios, y hacen más daño que votándoles, son traidores inconscientes.
España lleva dos décadas con el PIB estancado (descontada la inflación), lo que significa que la actividad privada decrece, porque ésta es la que hace aumentar el PIB (sin endeudarnos). Cuando el sector público es suficientemente grande necesita un nivel de impuestos tan elevado que las cotizaciones sociales e impuestos impiden la creación de nuevos empleos privados. Se llega a un punto difícil de darle la vuelta. Ese punto se alcanzó con Zapatero y no ha cambiado en dos décadas.
La única vía es reducir el gasto y sector público. La inversión extranjera también se retrae, porque se inventan impuestos sobre beneficios, se ocupan propiedades y causa inseguridad jurídica. Un empleado público superfluo le cuesta a los demás en promedio el 65% de sus ingresos brutos anuales. Los ingresos públicos medios brutos con antigüedad y categoría medias está alrededor de 38.000 € anuales. Si el trabajo de un empleado público lo hiciese un privado nos ahorraría aproximadamente 24.700 € de carga fiscal anual.
El sector educativo es un manantial de derroche porque es instrumento de adoctrinamiento del socialismo y el separatismo. Tenemos 1,25 millones de universitarios públicos, que pagan el 20% de su coste, y no se emplean. Según Eurostat somos el país de la UE más sobre cualificado, el 37% de los titulados universitarios que trabajan, lo hacen en trabajos que no requieren su formación. En los dos últimos años han emigrado cada año más de 400.000 titulados porque no pueden ganarse la vida en España. Las cuentas anuales de esta subvención universitaria cuesta 20.000 millones, 1,25x16x=2x€. Lo peor no es que no siendo un bien esencial, se subvencione, porque esa subvención la pagan también los que no tienen hijos, o no llevan a sus hijos a la universidad pública. Los que no usan este bien no esencial, pagan la subvención a los que si lo usan, incluidas las familias que podrían pagar el 100% de su coste y pagan el 20%.
La subvención debe ser para el interés común, formar médicos, informáticos, ingenieros, policías, militares, que necesitemos, pero no más. Impartir dobles grados absurdos, mantener 52 facultades de Derecho en España, que producen más abogados que EE.UU. Sin embargo no hay trabajadores para ciberseguridad, construcción, conductores, cocineros, carpinteros, electricistas, …. Los españoles jóvenes no trabajan en el sector primario, ni en servicios, sueñan con trabajo señorito, que no hay ni para un tercio de los titulados.
El sistema educativo está desajustado al mercado laboral, desde el punto de vista coste-beneficio es ruinoso. Importar barato de Asia o Marruecos, lo que podríamos producir aquí genera paro. La formación de los desempleados debería hacerse por universidades o centros de FP, y apartarlas de los sindicatos, generadores de ineficiencia y corrupción. Los incontables e inconfesables cheques separatistas, ni paran ni se conocen.
Otra fuente de derroche es la oferta replicada en universidades públicas del mismo grado. Las ingenierías siempre fueron asunto de las universidades tecnológicas; y las artes y humanidades de las universidades generalistas. Hace bastantes años que todas ofrecen de todo, hinchando gastos de personal docente y administrativo. Este derroche, dirigido por rectores y sindicatos merece orden amortizando miles de plazas de administrativos y docentes universitarios con jubilaciones. Un bien no esencial, subvencionado al 80%, cuando emigran 400.000 titulados año, con 1,58 billones de deuda pública es un crimen. El exceso, además, devalúa los títulos.
Tres falacias socialistas tóxicas contagian España desde hace dos décadas: (i) La verdad es lo que piensa la mayoría. (ii) Los fuertes se aprovechan y explotan a los débiles, quéjate porque no vale la pena esforzarse, el Estado no te dejará atrás.
(iii) El sector público es lo que conviene, cuanto más mejor, y el empleado público “se lo ha ganado”
En las dos últimas décadas el PIB español no ha crecido (descontada la inflación) y la deuda pública se ha multiplicado por cuatro. Este dato quiere decir que, en 20 años, nos han endeudado en 1,2 billones. La actividad privada no ha crecido, perseguida fiscalmente.
Los gastos de personal permanecen hasta la jubilación, aunque las necesidades cambien por la tecnología, la natalidad o la inmigración. En paro juvenil superamos el 28% establemente, liderando la UE. Tenemos 2,2 millones de inmigrantes inactivos que saturan servicios sanitarios y sociales, qe legalizaran para que puedan votar. Las cifras de desempleo camuflan un millón de desempleados, según el Instituto Juan de Mariana. El PIB per cápita español es un 11% inferior a la media de la UE.
Debería avergonzarnos que gobernantes nos endeuden sin rendir cuentas de la deuda, ningún gestor público debería gastar un euro por encima de lo presupuestado. Debería ser inconstitucional porque condena a otros españoles más jóvenes a pagar sus derroches. Votar a un derrochador es un crimen. Los socialistas no saben más que gastar para ganar votos.
Si desde 1975 hasta hoy, el crecimiento de los empleados públicos hubiese sido proporcional al crecimiento poblacional, cuando España era la novena economía mundial (hoy la 16), tendríamos 910.000 empleados públicos, pero son 3,5 millones.
El comunismo quiere que toda la actividad sea pública, el Estado moderno debe permitir y asegurar que se presten (no prestar) los servicios esenciales, que son la sanidad, seguridad y defensa, y proveer los servicios de educación primaria y secundaria, formar cuadros estratégicos: médicos, ingenieros, informáticos. No tienen que prestarlos centros públicos necesariamente, pueden cooperar la actividad pública con la privada. La sanidad debe llegar a todos, y la educación pública secundaria debe llegar a los españoles que por vivir más aislados, no tuviesen oferta educativa privada. Posibilitarla no significa que tengan que ser ofrecida por empleados públicos.
Supongamos que además de esos 910.000 empleados públicos, tuviésemos una población extra de sanitarios y fuerzas de seguridad, unos 250.000 empleados públicos más, porque son servicios públicos esenciales. La enseñanza, sanidad y seguridad pública de zonas rurales o pequeñas poblaciones, el Estado puede tener 125.000 empleados públicos para estos fines, donde la oferta privada tuviese dificultades.
Los 1,25 millones de universitarios públicos actuales disminuirían ajustándose al mercado de trabajo. Actualmente la universidad pública es una guardería de adolescentes, van a la universidad porque está regalada y engañados creen que se emplearán de señoritos, o funcionarios.
En pocos años la mitad de los empleados públicos serían amortizados, alcanzando 1,7 millones, una tasa de empleados públicos que sería todavía 2,5 veces superior a la de 1975. La ingresos anuales medios de un empleado público próximo a la jubilación es de 40.000 euros brutos anuales, el 35% de sus ingresos retornan al Estado con impuestos. Estos funcionarios suponen una carga fiscal anual individual de 0,65×40.000=26.000 €, acumulada por los 1,7 millones de empleados amortizables, supondría un ahorro de 2,6×1,7x=4,4x€ , el 17,5% de la recaudación fiscal española de 2022, que fue de 2,55463x €. Los españoles podrían pagar hoy un 17, 5% menos de impuestos, aún teniendo la mayor presión fiscal de la UE.
Esta reducción del sector público combinada con un descenso de cargos políticos, más del doble per cápita que Alemania. La mitad de las subvenciones de los Presupuestos unos 60.000 millones son clientelares, deberían ahorrase y destinarlos a reducir deuda pública. Reduciendo cargos políticos, asesores, coches oficiales, escoltas, subvenciones, reduciríamos deuda. En una legislatura la deuda se reduciría un 20%. Como hay mucho tonto en España, esto no ocurrirá pronto, quizás nunca, pero los responsables están identificados.