¿Quién inspecciona al inspector?

Hacienda acosa físcálmente al ciudadano como los depredadores en la selva a sus presas.

Según el BOE, las inspecciones generales de servicios de los ministerios son órganos especializados en el control interno y en la evaluación de los servicios de cada ministerio y sus órganos dependientes. Es decir, la inspección debe ir dirigida a inspeccionar la función pública, no a coaccionar al ciudadano. Así, algún inspector debería denunciar el fraude de 630 millones de euros de los ERE de Andalucía; el incumplimiento del porcentaje del 25% de enseñanza del castellano en los colegios de Cataluña; nadie evalúa al profesorado de enseñanza secundaria; el incumplimiento del horario laboral de miles de funcionarios públicos; el abuso habitual de menores custodiadas en dependencias públicas en comunidades como la Valenciana o la balear; el ruinoso endeudamiento público sin responsabilidad de gobernantes; la exagerada demora de 12 años sin resolver el recurso contra la ley del aborto, en el Tribunal Constitucional también merecería inspección. ¿Dónde están los inspectores?

Cada vez que hay una disfunción pública, o corrupción, algún inspector otorga o calla, porque el funcionario lo es para ser libre, no para obedecer, ni para ejercer de comisario político. Cada español trabajamos de enero hasta junio por el IRPF y el IVA sólo para mantener al Estado derrochador, y además tenemos que soportar a los inspectores fiscales, percibiendo retribuciones variables por acosarnos y torturarnos moralmente, con reiteración. Actúan como hacen en la selva los depredadores, que ante una manada de presas eligen a la más vulnerable hasta agotarla. Los ‘elegidos’ como víctimas somos coaccionados reclamando con prontitud toda clase de datos, varios ejercicios seguidos. ¡Que los busquen ellos! ¿Cuántas inspecciones reiteradas constituyen acoso fiscal?. Una sola sentencia judicial en contra de este abuso debería impedir su continuación.

Los criterios privados son contraproducentes en el sector público. La ideología cuantitativa-socialista, consistente en la evaluación de la actividad de personas y organizaciones, en base a ‘cantidades’, pervierte el proceso (Ley de Campbell). En España, el ciudadano está indefenso ante el acoso fiscal, soportamos excesos, coacciones, abusos por parte de Hacienda. A la víctima seleccionada se le resta libertad, tiempo y dinero, que de momento tiene que asesorarse fiscalmente y contestar. Además, como pleitear contra Hacienda acarrea muchos más gastos de abogados y años de espera de resolución, muchos prefieren ‘declararse culpables’ y pagar. La recaudación extra a cambio de libertad individual no es admisible. Los cuerpos de inspectores siguen consignas políticas, no son independientes y actúan contra el ciudadano. Para cobrar incentivos, los inspectores seleccionan presas fáciles, hasta el agotamiento, enfrentándolos contra el aparato del Estado. La víctima elegida tiene que obedecer y demostrar su ‘inocencia’ en tiempo reducido. Si el acierto se premia y el fallo no se penaliza, hay privilegio. Más de la mitad de los recursos contra Hacienda, se ganan con sentencias judiciales, pocos acaudalados pueden soportarlos.

Las libertades individuales mejorarían si los cuerpos de inspectores desaparecieran, amortizando jubilaciones. ¿Quién vigila al vigilante?, se preguntó en sus Sátiras, hace veinte siglos, el romano Juvenal, cuando sospechando la infidelidad amorosa de sus mujeres, y ante el consejo de sus amigos para que controlase y encerrase a sus mujeres, respondió, ¿y si aquellos en los que uno confía para que controlen y eviten la infidelidad son los que al final están cometiéndola? De ahí, la importancia de la separación de poderes, para que el Estado no oprima al ciudadano. Hacienda utiliza el aparato del Estado contra un ciudadano, que sabe que si recurre tiene que buscar abogados, gastar dinero de su bolsillo, obedecer, y luego cuando haya juicio, años más tarde. La existencia de inspectores de Hacienda remunerados con retribución variable por sanciones, es abuso contra la libertad individual. Los inspectores no son abogados. ‘interpretan’, pero sentencian los jueces. Si se gratifica económicamente a un policía por resolver crímenes, habrá culpables oficiales que son inocentes. Si se gratifica económicamente a la universidad por el número de titulados, se regalarán los títulos. Si se gratifica al investigador por el número de publicaciones científicas se producirá investigación desechable. España necesita fiscalizar el enorme derroche de gasto público, no perseguir ciudadanos. Los partidos políticos defendiendo principios liberales deberían eliminar los inspectores que obedecen instrucciones políticas lanzando el Estado contra el individuo.

Artículo publicado en Las Provincias

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