La política migratoria y sus consecuencias

El análisis racional de la inmigración no es ni bulo ni odio.

El fenómeno de la inmigración ha devenido de prioritario interés en occidente
por los problemas que comporta su gestión: humanitario; sociopolítico,
electoral; seguridad; tráfico de personas, drogas; terrorismo; vivienda;
saturación de servicios públicos sanitarios; relaciones exteriores;
presupuestarios. Aparte de la vivienda y el desempleo, la inmigración se ha
convertido en el vector más determinante en los cambios de mayorías políticas
en los gobiernos de occidente.
La tesis doctoral Modeling migration in Spain: causes, magnitud and
consequences, realizada en el Instituto Universitario de Investigación IMM de
la UPV, por la ingeniera de caminos, Dª. Sheila Torres Torán, y dirigida por los
catedráticos de matemática aplicada Rafael Company y Lucas Jódar, estudia el
problema de la inmigración en España mediante modelos matemáticos
poblacionales dinámicos discretos a corto plazo, para hacer hipótesis
económicas creíbles. La defensa de la tesis, será el 24 de Septiembre próximo.
Las poblaciones de interés son: inmigrantes regulares (legales), irregulares
(ilegales) y menores no acompañados. Los irregulares entrantes por vía
terrestre y aérea son falsos viajeros turistas que permanecen residiendo, y la
mayoría procedentes por mar en distintos tipos de embarcaciones,
mayoritariamente transportados por mafias y apoyados por ONG financiadas
por el gobierno español en su mayoría. Muchos supuestos menores no
acompañados fingen tener 17 años para pasar rápidamente a mayores de edad
una vez se legalizan.
El principal factor que influye para la inmigración regular es económico, o
miedo a la muerte solicitando refugio político (guerras, dictaduras) y algunos
residentes que buscan calidad de vida, comprando residencia. La inmigración
irregular tiene factores externos a la voluntad del mismo emigrante,
dependiendo mucho de la voluntad del gobierno receptor y de los gobiernos
emisores fronterizos que utilizan la emigración como herramienta política
(weaponization). Como en todo fenómeno donde hay delincuencia e
intereses ocultos los datos son de difícil acceso o/y voluntariamente
ocultados. Esto hace que algunos parámetros pueden ser inexactos, y para ello
se realiza un análisis de sensibilidad para justificar que cambios pequeños
producen pequeños cambios en los resultados (robustez del modelo).
Cuando el país receptor es laxo en la recepción de inmigración ilegal, la
inmigración irregular crece continuamente hasta que satura lo que se llama
“capacidad del medio” en un modelo logístico. Académicamente significa que la
población para la que no hay recursos (servicios sanitarios, vivienda, empleo)
suficientes compite por los mismos para sobrevivir. Técnicamente, con los
datos observados en las dos últimas décadas en España, la capacidad de
absorción de inmigrantes irregulares es de 1,47 millones de personas de
personas, pero en la realidad práctica es una decisión política del gobierno
del país receptor, que se alivia periódicamente a través de regularizaciones

masivas, que han ocurrido con todos los gobiernos españoles desde J.M.
Aznar hasta la actualidad.
Una regularización masiva de una población inmigrante entre 400.000 y
800.000 inmigrantes irregulares está paralizada por el gobierno desde hace
muchos meses. El retraso deja en el limbo legal a muchas personas que no
pueden trabajar legalmente, fomentando la economía sumergida y la
delincuencia. La población actual de irregulares no deja de crecer y supera
hoy ampliamente la capacidad del medio en aproximadamente 350.000
personas, repartidos en parte en centros de acogida de inmigrantes por el
país, y el resto libremente distribuidos, residiendo ilegalmente. Lel coste
medio diario de cada inmigrante en los centros de acogida se ha estimado en
170€ diarios. Para hacerse una idea de que este coste es excesivo, y que
alguien trafica, este importe es un 60% más, por ejemplo, de las dietas de
alojamiento y manutención asignadas a un profesor de universidad en una
comisión de servicios interna en España.
Otras consecuencias colaterales de la inmigración es que las zonas de los
centros de acogida son el aumento de delincuencia grave, y el deterioro del
precio de las viviendas en los entornos de los centros de acogida, porque la
gente no elige vivir allí. Las comunidades catalana y vasca han condicionado al
gobierno central para que no envíe inmigrantes para su acogida. Pronto,
abordaremos en este medio, el problema de la vivienda y su relación con la
inmigración, con cifras y datos.
Desde enero de 2018 a abril de este año 2025, periodo de gobierno Sánchez,
la población española ha aumentado un 5,3%, pasando desde 46,64 a 49,15
millones de residentes. Según el INE los hijos de madres españolas en los
últimos años están alrededor de 250.000, y cada uno de los últimos años
emigran 400.000 titulados españoles. Esto significa que los nativos españoles
decrecemos, y que el aumento de población es extranjero, y mayoritariamente
emigrante (regular e irregular). Según datos oficiales tenemos los datos
recogidos en la tabla adjunta.
DATOS DE CRIMINALIDAD EN ESPAÑA (casos
denunciados)
2017 2024

VAR %

HOMICIDIOS Y ASESINATOS
EN GRADO DE TENTATIVA 799 1.343 68,08%
DELITOS GRAVES Y LESIONES 18.086 29.432 62,73%
AGRESION SEXUAL CON
PENETRACION 1.382 5.206
276,70%
TRAFICO DE DROGAS 12.958 21.533 66,17%

Si la población extranjera ha aumentado solo un 5,3% y los delitos de la tabla
han aumentado entre 11 y 52 veces, durante los gobiernos Sánchez, se
concluyen dos hechos objetivos e irrefutables. El primero es que los delitos
criminales graves citados en la tabla han aumentado extraordinariamente,
y que se debe principalmente al aumento de población inmigrante.
Mezclar estos delitos graves con otros delitos menores y promediarlo todo es
camuflar la realidad. No es lo mismo una agresión o violación, que un robo de
cartera sin advertencia de la víctima.
El estudio desarrollado en la tesis doctoral citada demuestra que, si la política
migratoria no cambia, después de aplicar la regularización masiva, vuelve
a aumentar rápidamente hasta saturar la capacidad del medio otra vez.
Esto significa que si se quiere reducir la magnitud del problema hay que
cambiar la política migratoria. ¿Cómo?
Hay un efecto llamado y un negocio paralelo muy lucrativo alrededor del
fenómeno migratorio, que se convierte en una combinación de tráfico de
personas que cobran a los inmigrantes cantidades variables (hasta miles de
euros por persona) en función de la “seguridad” y distancia a destino. Hay
también negocio “social” de ONG que cobran subvenciones millonarias
del país receptor, que no es independiente de las “mafias del tráfico” porque
acercan a los inmigrantes y colaboran con los traficantes. Intereses
geopolíticos, y electorales no están ausentes. El dimitido director de
FRONTEX, el finlandés Ikka Laitinen ha declarado que es imposible regular la
crisis migratoria con el control fronterizo de FRONTEX, porque se trata de
decisiones políticas de los países receptores.
Las recomendaciones a partir del estudio son fáciles de aplicar y reducirían,
casi eliminarían, la inmigración ilegal, ahorrando incluso elevados costes
actuales:

  1. Aplicar rigurosamente la ley y no dejar entrar inmigrantes ilegales,
    vigilando las fronteras territoriales (con el ejército) como ha hecho Italia
    que ha reducido drásticamente la entrada de irregulares. Vigilar no es
    disparar, sino impedir la entrada y la cooperación de ONG, con la simple
    presencia en la frontera de las aguas territoriales españolas. Los drones
    son muy útiles para esta función.
  2. Una ley de repatriación a inmigrantes irregulares que delincan
    produciría efectos inmediatos.
  3. No financiar ONG que cooperan (voluntaria o involuntariamente) en
    altamar con mafias traficantes de personas acercando las
    embarcaciones que portan inmigrantes a las costas españolas.
  4. A los tres meses de entrada de un turista que no sale del país está en
    situación ilegal. Los turistas ilegales que no han regresado a su país
    a los tres meses se conocen o pueden conocer por la policía. Una
    ley que impusiese grandes multas, pena de cárcel y deportación de
    ilegales reduciría drásticamente la inmigración irregular aérea.

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