Los partidos políticos de un sistema bipartidista se convierten en organizaciones criminales, porque tienen garantizado el poder
Un crimen es una acción u omisión voluntaria que está prohibida y castigada
por ley. Cada año se practican cien mil abortos gratuitos en España, porque el
tribunal constitucional dijo que el aborto es “un derecho”. 227 muertos
ocurrieron en la Dana de la comunidad valenciana. Un estudio demuestra que
el apagón nacional del 28 abril causó 147 muertos, porque se experimentó que
el 80% de la energía utilizada fuese renovable. En España los responsables
políticos se aforan, o indultan, pero pagan sus crimenes. ¿Cuántos pacientes
mueren por las enormes listas de espera quirúrgicas? El gobierno y sus
cómplices dicen que si gobernara la “extrema derecha” sería peor, aunque
nunca haya gobernado.
El PIB español crece porque lo hace el gasto público, bajando el consumo
y la inversión, lo que significa más deuda y menos empleo privado.
Aumentar el PIB no es mejorar la economía, una universidad con más alumnos
y más grados no es mejor, nos endeuda más. A pesar de aumentar la
población (por la inmigración) la cantidad de horas privadas trabajadas no han
aumentado en dos décadas, tampoco la renta per cápita (descontada la
inflación). Los españoles trabajan menos en el sector privado y el sector
público no para de crecer.
El año pasado se necesitaron transferencias a la SS de 55.000 millones para
poder pagar pensiones. Para no aumentar deuda, se puede amortizar en los
próximos años cientos de miles de jubilaciones de la administración y
empresas públicas (Adif, Correos, universidades, RTVE). Los intereses de la
deuda fueron de 45.000 millones anuales. ¿A cuánto alcanza el presupuesto
desviado en la corrupción política y a cuántos partidos afecta? Es difícil
creer que la corrupción no llegue a los partidos fariseos que apoyan al
gobierno. El 80% de los fondos europeos se han desviado a empresas y
universidades públicas, debiendo haber ido a salvar empresas privadas
obligadas a cerrar en pandemia. Estos recursos “sucios” se han derrochado
en gasto público superfluo.
¿Quién ahorra gasto público en este país, qué gestor público elimina lo
que sobra? Nadie. Sin ahorrar gasto superfluo la única solución es más
impuestos, y ya somos el país de la UE con mayor presión fiscal. Para que se
hagan una idea, desde que gobierna Sánchez la recaudación fiscal ha
aumentado un 46%. El personal de hacienda no para de crecer alcanzando
las 26.000 personas. No digo que no sea un gasto eficaz, pero se dirige contra
particulares y empresas privadas. Lo único que funciona en este país son las
urgencias hospitalarias y hacienda, las primeras infra dotadas y la segunda
sobrepoblada con gratificaciones por perseguir a personas privadas. No
inspecciona al sector público, y menos aún al gasto político. Los tribunales
de cuentas no son independientes, los inspectores de hacienda, menos
todavía.
¿Qué se puede esperar de un gobierno anti-patriota en cualquier tiempo y
lugar? La ruina, porque tienes al enemigo en casa. ¿Cómo se nota que un
país está arruinado? En el día a día, se nota en que los servicios públicos
no funcionan. El apagón nacional, cada día hay un tren que se para, atascos
en el control de pasaportes en Barajas. La corrupción anticipa disfunción,
porque recursos destinados al mantenimiento de los servicios públicos
se desvían.
Los estudios demuestran que la digitalización y la inteligencia artificial
permite reducir los trabajos administrativos más de un 50%. Vean el
personal de los bancos, por ejemplo. Los dirigentes de grandes empresas
públicas como Adif, Correos, TVE, universidades no amortizan jubilaciones de
personal excedente. Cada contratado superfluo significa más impuestos y
más deuda, ya sea en Correos, Adif o en universidades. La banda de
criminales que nos dirige, no solo en el gobierno, nos endeuda a capricho.
Gastamos más de 1.000 millones anuales en inmigración ilegal, además de
multiplicar la delincuencia. Italia ha reducido la inmigración un 60%,
utilizando el ejército; nosotros aumentamos y aviones militares los traen a
Madrid, para repartirlos, salvo en Cataluña y Vascongadas que no los quieren.
Formamos a españoles que trabajarán fuera de España y nos invaden miles
de ilegales, desconocidos, varones en edad militar que cuestan 6.000€
mensuales. Los centros de acogida multiplican la delincuencia grave,
violaciones incluidas. ¿No protestan las feministas de la violación de una
española de 21 años a manos de un inmigrante ilegal como acaba de ocurrir en
Alcalá de Henares? Silencio criminal. Canallas a sueldo dicen que los
inmigrantes financiarán las pensiones de los españoles, ingresando y cotizando
sueldos miserables, cuando lo hacen en blanco. Los rectores, anti-patriotas y
derrochadores, no hacen más que pedir dinero y aumentando el gasto. Si no
se elimina lo que sobra, falta lo que se necesita.
Además, el alumno universitario público debe pagar hasta un 50% de su coste
(como ocurre en un país rico como Canadá) no un 20% como ocurre aquí y
ahora, porque no es bien esencial. El cuento socialista del ascensor social
llenando las universidades de alumnos es un engaño a las familias.
Tenemos más de 2 millones de universitarios que no absorbe una economía
que importa casi todo y exporta casi nada, sometida al dictado de China,
Marruecos y agendas globalistas. El título universitario, ni es bien esencial, ni
emplea. Cada día emigran 1.100 titulados. Las páginas web universitarias
exhiben a “científicos objeto” para engañar a las familias. Los jóvenes
españoles no trabajan manualmente. La universidad pública está repleta de
jóvenes que se frustraran. La mitad debería trabajar en tejido manufacturero y
sector primario, producir versus importar. Poner a la España joven a
trabajar otra vez.
Tenemos la constitución del 1978, pero si lo constitucional es lo que dice un
tribunal dependiente del gobierno, es como si el gobierno decidiese lo que
es y lo que no es constitucional. Adif, Correos, empresas y universidades
públicas han sido regadas con fondos europeos que deberían haber ido a
levantar empresas privadas obligadas a cerrar en pandemia, son cómplices
de la corrupción sistemática. Miles de empresas privadas desaparecieron por
este desvío de fondos, derrochado y malversado. Los medios de
comunicación afines, las universidades y empresas públicas engañan y
se benefician de la corrupción del gobierno, participan de la organización
criminal que sostiene al gobierno.
Los datos oficiales de desempleo y de afiliados a la seguridad social son falsos
por la opacidad del concepto de “fijo discontinuo”, porque cuatro contratos
parciales de la misma persona se cuentan como cuatro empleados más.
No hay manera de conocer la realidad. Esta desinformación y engaño de
instituciones públicas, sindicatos y universidades, el servilismo de empresas
públicas, es cooperante criminal.
El historiador y sociólogo Charles Tilly, publicó en la Revista Académica de
Relaciones Internacionales, “Guerra y construcción del estado como crimen
organizado”. El tribunal constitucional cambia la Constitución al gusto del
gobierno, amnistiando a criminales. Los jóvenes no pueden independizarse,
ni acceder a la vivienda en ciudades grandes, con servicios públicos
ineficientes. Se abren puertas a miles de inmigrantes ilegales, varones, en
edad militar, que cuestan más de mil millones anuales y multiplican la
delincuencia en nuestras calles. El gobierno malversa y nos endeuda
comprando acciones de grandes empresas privadas colocando amigos
en consejos de administración de grandes empresas. Sin embargo, se
incentiva la vulneración de la propiedad privada de particulares. La propiedad
privada al servicio de la tiranía.
La cooperación al desarrollo, parte de los 100.000 millones anuales de
subvenciones, es foco de corrupción porque ese gasto no se fiscaliza. España
organiza en Sevilla, con la torpe complicidad de Felipe VI, defendiendo el
multiculturalismo, que va contra el interés nacional, que debe defender la
corona. Una cumbre para fomentar el anti-patriotismo europeo. Sánchez nos
ha endeudado en 550.000 millones desde que gobierna, se queja en Sevilla,
de que los intereses de la deuda de los países en desarrollo son superiores a
los gastos educativos. Nosotros también padecemos ese mal.
Derrochar, endeudarse y robar en un estado fallido, es más una actitud
criminal que inutilidad. Gobiernos y gestores públicos son organizaciones
anti-patrióticas. El estado recauda sin deflactar las tarifas fiscales con la brutal
inflación del 40% desde que gobierna Sánchez, aumentando el impuesto
de sociedades más de un 54%, encarece los servicios básicos poniendo
impuestos especiales a las empresas energéticas que repercuten en los
clientes, es un gobierno tiránico. El ejército español incumple el articulo 8 de
la Constitución. La policía reprime en Alcalá, o Sabadell, a las manifestaciones
populares contra los crímenes de inmigrantes ilegales. Ante la indefensión
ciudadana, la única herramienta pacifica que tenemos es la desobediencia
fiscal.